Aquel fatídico 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas asumieron el poder político como representantes de las clásicas minorías a las que les era imposible acceder al gobierno por el voto popular. Para aplicar aquella «reorganización nacional» -que gustaba imaginarse a sí misma como la continuadora de la «Organización Nacional» iniciada por Mitre en 1862-, los usurpadores del poder creyeron necesario destruir todo vestigio de oposición a aquel modelo antinacional, de concentración de la riqueza en pocas manos y socialización de la miseria.
Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado cívico-militar que, al igual que los anteriores, contaba con el apoyo de importantes sectores: los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros; ciertos comunicadores sociales que colaboraron en la preparación de la sociedad para aceptar el golpe como única alternativa para salir de la crisis; la jerarquía católica; dirigentes políticos y sindicales que aunque no dieron un apoyo explícito, tampoco se pronunciaron claramente en contra. El nuevo gobierno contaba también con el desconcierto y las expectativas de una población que, harta del desastroso gobierno de Isabel Perón y de la violencia cotidiana, pensaba que un «gobierno de orden» traería las soluciones esperadas.
Las primeras medidas de la dictadura encabezada por el general Jorge Rafael Videla, ungido presidente por sus pares, no dejaron lugar a dudas sobre su carácter: establecimiento de la pena de muerte, clausura del Congreso Nacional y de todas las legislaturas provinciales y municipales, reemplazo de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia por jueces adictos al nuevo régimen, allanamiento e intervención de los sindicatos, prohibición de toda actividad política y censura previa sobre todos los medios de comunicación.
Los ministerios, con excepción del de Economía y el de Educación, fueron ocupados por militares. Los gobiernos provinciales también fueron repartidos en su mayoría entre uniformados de las tres fuerzas. Hasta los canales de televisión fueron adjudicados con ese criterio. Se creó, según decían ellos en reemplazo del Congreso, la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente. Las intendencias municipales fueron asignadas en su gran mayoría a civiles de diferentes partidos políticos, con predominio de los miembros del radicalismo y del peronismo.
El Estado, que mediante la recaudación de impuestos debe garantizar a los ciudadanos educación, salud, seguridad y justicia, se convirtió en terrorista, transformándose en un poderoso instrumento de represión, ignorante del derecho en general y de los derechos humanos más elementales, cuyo objetivo era reorganizar en sentido regresivo la sociedad argentina entronizando la injusticia, la insensibilidad social y la ignorancia.
La censura llegó a todos los órdenes, desde los medios masivos hasta la vida cotidiana. Fueron cerradas las carreras universitarias de Psicología y Antropología y, en la provincia de Córdoba, llegó a prohibirse la enseñanza de la matemática moderna por considerársela subversiva.
La barbarie del nuevo gobierno y su desprecio por la cultura quedaron claramente sintetizados por el almirante Massera, miembro de la Junta: «La crisis actual de la humanidad se debe a tres hombres. Hacia fines del siglo XIX, Marx publicó tres tomos de El Capital y puso en duda con ellos la intangibilidad de la propiedad privada; a principios del siglo XX, es atacada la sagrada esfera íntima del ser humano por Freud, en su libro La interpretación de los sueños, y como si fuera poco, para problematizar el sistema de los valores positivos de la sociedad, Einstein, en 1905 hace reconocer la teoría de la relatividad, donde pone en crisis la estructura estática y muerta de la materia» 1. Así hablaban los supuestos defensores del pensamiento «occidental y cristiano».
A dos días de producido el golpe militar, el Fondo Monetario Internacional le otorgó un crédito a la flamante dictadura y anunció su satisfacción por la designación del nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.
La opinión del establishment internacional le era unánimemente favorable. El banquero David Rockefeller declaraba: «Siento gran respeto y admiración por Martínez de Hoz. Es muy obvio para mí, como para todo el segmento bancario y económico internacional, que las medidas de su programa son las indicadas» 2. Mientras Martínez de Hoz aplicaba los conceptos económicos monetaristas de la Universidad de Chicago, los militares aplicaban la Doctrinade Seguridad Nacional aprendida en la academia de West Point y la Escuela de las Américas de Panamá. Represión y plan económico iban de la mano.
Se aplicó un primer plan de ajuste aconsejado por el inefable FMI: liberación de precios, devaluación del peso, congelamiento salarial y disminución del déficit fiscal. Las consecuencias fueron que en el primer semestre de 1976 los precios al consumidor aumentaron el 87,5%, garantizando la tasa de ganancia de los sectores dominantes. Para disminuir el déficit fiscal, se redujeron los sueldos, se despidió personal estatal y se aumentaron los impuestos al consumo y las tarifas de las empresas públicas. La pérdida del poder adquisitivo del salario real fue del 40%, lo que implicó una transferencia de ingresos de los asalariados al sector privado del 17% del Producto Bruto Interno.
Entre los grupos de poder locales se respiraba un aire fresco: el que daba contar con uno de ellos en un puesto clave para sus negocios. A no pocos miembros de la clase media comenzó a caerle simpático aquel hombre de orejas exageradas cuando, retrasando el tipo de cambio, les permitió viajar a Miami y competir por comprar al menos dos productos igualmente inútiles. Era la época en que la plata empalagaba a quien sabía especular y su ausencia amargaba los estómagos de los trabajadores que veían cerrar sus fábricas y fuentes de trabajo ante la desleal competencia del ingreso irrestricto de todo tipo de artículos importados.
Pero no todos callaron. Entre ellos, los organismos de derechos humanos, con las Madres y Abuelas a la cabeza, y sectores del movimiento obrero que entre 1976 y 1979, en la etapa más feroz de la represión, llevaron adelante más de 300 conflictos gremiales.
Tras la debacle económica del 80 y la desastrosa derrota en la Guerra de Malvinas, los militares y sus socios civiles se autoamnistiaron y estatizaron sus gigantescas deudas privadas. Comenzaban a preparar su retiro del gobierno, lo que no incluía perder sus posiciones dominantes de poder en el campo económico y financiero.
El 10 de diciembre de 1983, la dictadura se iba dejando tras de sí las ruinas de un país arrasado. Miles de desaparecidos, familias destruidas, la industria nacional herida de muerte, las cicatrices de una guerra perdida, una deuda externa que condicionaba cualquier política de gobierno, niños desnutridos y analfabetos, una sociedad menos solidaria y más individualista. Y el eco de un discurso oficial que durante años había hecho creer que la utopía era sinónimo de estupidez.
Referencias:
1 Diario La Opinión, 26 de noviembre de 1977.
2 Revista Gente, 6 de abril de 1977.
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Rap por el Día de la Memoria por la verdad y la justicia.
